Los accesos a la vivienda, con rampas o ascensores adecuados que faciliten la movilidad de los discapacitados, siguen siendo una asignatura pendiente en España. En el 72,7% de los hogares donde residen personas con alguna discapacidad (alrededor de 2,4 millones de casas) existen barreras de acceso, en la puerta o en el interior del edificio.
La radiografía de la población con discapacidad, cifrada en 4.056.993 personas (el 9% de la población), se completa en este apartado con otro dato no menos espectacular: el 52% de este colectivo, unas 1.982.700 personas, tienen dificultades para desenvolverse con normalidad en su vivienda o edificio.
La falta de accesibilidad es uno de los principales problemas «que dificultan el desarrollo de una vida en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad»
También denuncia dificultades para utilizar el transporte público y para desplazarse por las calles de su ciudad o barrio.
La falta de accesibilidad es uno de los caballos de batalla del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que viene reclamando que las modificaciones necesarias en las viviendas ante un caso de discapacidad sean obligatorias y corran por cuenta de todos los vecinos. Plantean que se reserve para estos casos un 50% del fondo obligatorio para imprevistos.
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