El sector de la discapacidad aprueba la administración electrónica

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, ha apostado por la administración electrónica, siempre y cuando ésta cumpla con las condiciones de accesibilidad e inclusión que favorezcan el acceso de las personas con discapacidad.

Su intervención ha tenido lugar durante la celebración de la mesa redonda ‘La Administración Electrónica. Una aproximación multidisciplinar a la realidad española’, en el marco del Curso de Verano de El Escorial, organizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ‘¿Qué ventajas ofrece y qué retos plantea la administración electrónica? Costes y Beneficios Sociales’.

En este sentido, al mismo tiempo que ha analizado las funciones de la administración electrónica como una oportunidad para la discapacidad, desde el punto de vista de su accesibilidad e inclusión, también lo ha hecho como un entorno hostil, debido a las difíciles relaciones históricas de las personas con discapacidad con ella, tales como la invisibilidad, la inaccesibilidad de los entornos, procesos y procedimientos, la inentigibilidad o la sustitución en la relación.

En este contexto, el presidente del Comité ha llegado a la conclusión de que los entornos electrónicos “por sí mismos no son accesibles”, para lo que, según ha indicado, se requiere un trabajo previo en su concepción, planificación, diseño y su posterior implantación. Así, ha destacado la importancia de una formación tanto por parte de los ciudadanos, como de los empleados públicos.

Por otra parte, ha llamado la atención sobre la no aceptación de la administración electrónica como coartada, es decir, ya que los entornos tradicionales presenciales no son accesibles o inclusivos, en estos casos, se remite o deriva a las personas con discapacidad a los medios electrónicos. “Debe haber una garantía de todo tipo de entornos accesibles, físicos y virtuales, al mismo tiempo que debe haber una libertad de opción para el ciudadano”, ha explicado.

También ha expuesto la regulación de la accesibilidad en la Administración Electrónica en España. Así, se ha referido a la Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la Ley de la Firma Electrónica o la de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Asimismo, ha destacado la Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y los medios de comunicación social, y el Real Decreto de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

Por último, ha manifestado la necesidad de que existan “mayores garantías normativas y una vigilancia de su cumplimiento”.